El último fin de semana de Mayo la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha acogerá por vez primera el congreso profesional que organiza bienalmente la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Información, Documentación y Museística, la FESABID. El evento tendrá lugar en la ciudad de Toledo, que ya tiene experiencia en otros encuentros similares (como el congreso de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales de 2008, las Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha de 2005 y 1998, o el VII Congreso Nacional de ANABAD en 1999), por citar algunos que conocí bien, de uno u otro modo.
En esta decimotercera edición, el veterano evento se celebra bajo el lema "Creando valor/es", para resaltar los valores que tienen la información y la documentación en sus distintas formas. Recordemos que un libro es un documento, pero también lo son un legajo, un periódico, un archivo audiovisual o digital y hasta un objeto artístico u arqueológico, como producto expreso y creativo del intelecto humano. El evento FESABID 2013 pretende resaltar dichos valores, así como los de las organizaciones que los producen y gestionan, y los de los profesionales que, en las distintas "familias" de la gestión cultural, trabajamos cotidinamente con ellos.
Las Jornadas se desarrollarán de un modo participativo y múltiple en el campus científico-tecnológico de Toledo, instalado en un entorno privilegiado, la antigua Real Fábrica de Armas que fundó Carlos III en el S. XVIII, gracias a la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha que tuvo claro desde el principio el interés académico del evento y que lleva años formando postgraduados en los cursos de especialista y máster de la Facultad de Humanidades de Toledo.
Existirán tres ejes argumentales: convencer de nuestro impacto (resultados y valor); desplegar nuestros valores (ética profesional); y construir equilibrios (acceso y propiedad intelectual). En torno a ellos se celebrarán diferentes ponencias y sesiones plenarias para destacar el valor de la información, en sus distintas modalidades, y de los profesionales de la gestión cultural y documental.
Partiendo de un compromiso de la anterior cita (Málaga 2011), FESABID ha realizado y presentará un estudio sobre los valores sociales pero también económicos de los centros documentales y de información, algo que no siempre se tiene en cuenta y que es positivo recordar.
En paralelo la Fábrica de Armas acogerá una nueva edición de DOCUMAT, la principal feria profesional del sector y base de operaciones entre las empresas de las distintas familias documentales y las instituciones que son sus clientes.
No quiero dejar de recomendar la sesión que el colectivo BiblogTecarios celebraremos el sábado por la tarde bajo el lema "Blogs Colaborativos, juntos decimos más", en la que expondremos a los compañeros las ventajas de este tipo de proyectos "dospuntoceristas" no sólo para los profesionales a título personal, sino también para las organizaciones a las cuales cada cual pertenecemos.
FESABID 2013 es un evento que, además, se verá complementado por un completísimo programa de actividades socioculturales que los miembros del comité organizador estamos seguros que agradarán y sorprenderán a los compañeros que quieran compartir con nosotros éstos días, de jueves a domingo, en los cuales la capital de Castilla-La Mancha, veterana en turismo cultural, se pone sus mejores galas al iniciar su Semana Grande, el Corpus Christi, declarada de Interés Turístico Internacional.
Sólo me queda animar a los compañeros de las distintas profesiones de la gestión cultural y documental a acompañarnos en FESABID 2013, teniendo la certeza de que sus expectativas serán satisfechas y de que disfrutarán del entorno patrimonial de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la magnífica oferta cultural que Toledo ofrece.
Para más información:
Acceso al programa científico de FESABID 2013
Acceso al programa sociocultural de FESABID 2013
Se comenta la propuesta recién presentada formalmente de cerrar y desmantelar el Museo Nacional del Greco para trasladar sus fondos (o parte de ellos) al Museo Arqueológico Provincial y de Bellas Artes de Toledo (Museo de Santa Cruz), que a su vez desaparecería como institución para instalar en su edificio un nuevo Museo Nacional del Greco. Una propuesta del Presidente de la Diputación Provincial toledana, Arturo García-Tizón, que ha sido respaldada por el Gobierno y las Cortes de Castilla-La Mancha, y por la Fundación Pública para la conmemoración del IV Centenario del Greco 2014, en un acto celebrado el pasado 24 de Enero. Dicha propuesta afecta a dos museos titularidad del Ministerio de Cultura: El Museo del Greco, perteneciente a la Red de Museos Estatales (antes denominados Nacionales), y el Museo de Santa Cruz, uno de los museos provinciales de titularidad estatal y gestión transferida a la comunidad autónoma (por el mismo procedimiento que las Bibliotecas Públicas del Estado y los Archivos Históricos Provinciales).
Antecedentes: El Museo del Greco fue fundado en 1910 por un mecenas, Don Benigno de la Vega-Inclán, que adquirió las casas del Marqués de Villena, en las cuales era tradición que había vivido el Greco como inquilino, y las rehabilitó para crear la que se llamó Casa-Museo del Greco, que preservase la memoria de un artista que acababa de ser redescubierto, y para acoger las colecciones de Vega-Inclán sobre la obra del cretense y de su época.
El Marqués de Vega-Inclán legó todos los museos de su Fundación al Estado Español, que aceptó la herencia el 26 de Febrero de 1943. Desde entonces, sus museos (La Casa-Museo del Greco en Toledo, la Casa-Museo de Cervantes en Valladolid y el Museo Romántico en Madrid) se incorporaron a la Red de Museos Nacionales, pasando a ser de titularidad estatal, y gestionados directamente por el Ministerio de Cultura. En 2011, tras una inversión de más de seis millones de euros de dinero público y un cierre por obras que se prolongó durante seis largos años, el 24 de Marzo de 2011 el remodelado Museo del Greco abrió sus puertas de nuevo al público, siendo inaugurado por la entonces Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el entonces Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.
El otro museo afectado es el Museo de Santa Cruz. En 1961 el Museo Arqueológico Provincial y de Bellas Artes de Toledo adoptó el nombre de Museo de Santa Cruz perpetuando la memoria de otro mecenas, el Cardenal Pedro González de Mendoza, que mandó construir el edificio en el cual se alberga, el antiguo Hospital de Santa Cruz de Mendoza. El Cardenal Mendoza tenía especial devoción a la Santa Cruz de Jerusalén, y creó varias instituciones bajo su advocación, como este antiguo hospital para niños huérfanos, o el Colegio Mayor de Santa Cruz, de la Universidad de Valladolid. Pero el Museo Provincial de Toledo como institución, es mucho más antiguo ya que se remonta a la primera mitad del S. XIX. Tiene su origen en la Real Orden de 16 de Junio de 1844 mediante la cual se creaban en cada capital de provincia los museos provinciales, para acoger, en un centro de titularidad pública, las obras de Arte procedentes de las desamortizaciones eclesiásticas. En el caso de Toledo, además, se hizo pasar a titularidad pública el antiguo Museo Arzobispal, que había sido fundado por el Cardenal Lorenzana, junto a la biblioteca hermana, en 1771. Así pues, en 1844 la antigua biblioteca arzobispal se transformó en Biblioteca Pública Provincial (actualmente Biblioteca Pública del Estado) y el antiguo Gabinete de Antigüedades del Arzobispado se convertía en Museo Arqueológico Provincial y de Bellas Artes. En 1919 ambas instituciones se mudaron al antiguo Hospital de Santa Cruz de Mendoza. La biblioteca se fue en 1966 a una sede propia, pero el museo sigue allí, en un magnífico edificio plateresco que cedió al museo su nombre en memoria de su fundador y mecenas, Don Pedro González de Mendoza.
El Museo de Santa Cruz es la cabecera de la red de museos de su provincia. Está constituido por dos edificios colindantes entre sí: el antiguo Hospital de Santa Cruz y el antiguo Convento de Santa Fe (que fue inaugurado en 2009 como sede de su más que necesaria ampliación, treinta y seis años después de su adquisición por el Estado y del comienzo de las obras, aunque tras la exposición temporal inaugural fue incomprensiblemente cerrado de nuevo). Además posee varios museos filiales y monumentos visitables. De él dependen el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda (en la antigua iglesia de San Román); el Centro de Interpretación de la Arquitectura Militar Mudéjar (en la Puerta del Sol); el Oratorio de San Felipe Neri (futuro centro de exposiciones temporales); el Museo de Arte Contemporáneo (en la Casa de las Cadenas, actualmente cerrado); y el Museo “Taller del Moro”, (que albergaba las colecciones de artes decorativas hispanoárabes y mudéjares, actualmente cerrado igualmente); así como también el Museo de cerámica “Ruiz de Luna”, en Talavera de la Reina; y el Museo cervantino “Casa-Museo de Dulcinea” en El Toboso. En total siete espacios expositivos en la capital y dos más en la provincia que integran lo que se podría denominar “el gran Santa Cruz”.
Sin embargo la existencia de ambos museos, el del Greco y el Santa Cruz, se ve amenazada por una idea que fue propuesta el pasado 14 de Diciembre por el Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, el “popular” Arturo García-Tizón, consistente en crear un “verdadero (sic.) Museo Nacional del Greco” en el edificio del Museo de Santa Cruz, trasladando allí todos los fondos actualmente del Museo del Greco y dejando este como “un museo del Romanticismo”. Tal propuesta fue hecha propia por su compañera de partido, la Presidenta María Dolores de Cospedal, y el pasado 24 de Enero, en las Cortes de Castilla-La Mancha, y con el respaldo de la Fundación Pública conmemorativa del IV Centenario del Greco, el Gobierno de Castilla-La Mancha pidió públicamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que fuese llevada a cabo. No se han dado más explicaciones sobre el futuro del actual Museo del Greco, que entendemos perderá su razón de ser si es desposeído de sus cuadros, ni sobre el futuro del Museo de Santa Cruz, que suponemos habrá de ser suprimido como tal si se cede su edificio a otra institución diferente.
No deja de ser sorprendente que el Presidente de una Diputación proponga la eliminación del museo cabecera de su propia provincia, para que el edificio que lo alberga sea cedido a otra institución distinta. Y no deja de sorprender aún más que se ponga a disponer y organizar en casa ajena, ya que ninguno de los dos museos afectados son de la Diputación de Toledo sino de titularidad estatal (El del Greco, de gestión directa, como museo nacional que es, y el Santa Cruz, gestionado por la comunidad autónoma, que también gestiona los museos provinciales de las otras cuatro provincias).
Aclararé que tan sorprendente proyecto no ha sido elaborado por ningún técnico museólogo ni conservador de museos de la Diputación de Toledo… porque no los hay. No existe ningún museo propio de la Diputación Provincial, y por lo tanto ésta carece de escalas profesionales de personal técnico especializado. Ello no ha sido óbice para que la Junta de Comunidades haya hecho suya la propuesta y la haya elevado al Ministerio, ante el pasmo absoluto de las Direcciones y equipos técnicos de ambos museos, el Nacional del Greco y el Arqueológico Provincial y de Bellas Artes, quienes tampoco han sido consultados.
Todo esto es un caso “de libro” de lo que nunca debe de hacerse en relación a la gestión de un museo:
1º) Se ha justificado la acción para “conmemorar mejor” el IV Centenario de la muerte del Greco. Es un error. Una próxima efeméride puede dar lugar a una exposición temporal o a un ciclo de actividades culturales. Pero nunca debe de ser la excusa para una actividad tan complicada técnicamente y tan costosa presupuestariamente como la creación o el traslado precipitado sin proyecto, ni presupuesto, ni plan museológico previo, de un museo nacional.
2º) Se ha dicho que uno de los motivos que justifican el desmantelamiento del Museo del Greco es que el Greco no vivió allí. Es cierto que recientemente se ha demostrado que la verdadera Casa del Greco no estuvo en donde el Marqués de Vega Inclán fundó su museo, pero también es cierto que estuvo en la casa colindante, justo al lado, donde actualmente se levantan unos jardines con un monumento a la memoria del cretense. Viviese el Greco o no en lo que durante un siglo hemos llamado Casa-Museo del Greco, es en realidad irrelevante. Porque ese edificiofue adquirido y rehabilitado con el destino de ser el Museo del Greco, y porque el Greco vivió en esa calle y en esa barriada. Si se traslada a otro lugar que no esté vinculado a su vida, estaremos descontextualizándolo de un modo irreparable. Es como si ahora se demostrase que Sorolla no vivió en la casa que hoy es el Museo Nacional de Sorolla y por ello se propusiese instalarlo en el Palacio de Villahermosa simplemente porque a un político le parece bien, para lo cual habría que suprimir, a su vez, o trasladar, el Museo Thyssen, que ocupa actualmente dicho palacio.
3º) Por otro lado no sería el Museo del Greco el único descontextualizado, sino también el propio hospital de Santa Cruz. Evidentemente, el cambio de nombre, al albergar otra institución, acabaría con la memoria del mecenas que hoy día es rememorado. La figura y nombre del Greco eclipsaría de manera absoluta el recuerdo del Cardenal Don Pedro González de Mendoza, y del legado que dejó para la posteridad.
4º) Se ha dicho que esta propuesta se hace para centralizar en un único núcleo expositivo la obra del Greco, en la actualidad dispersa. Nuevamente es falso. En la actualidad existe obra del Greco en dos museos públicos: El Museo Nacional del Greco y el Museo de Santa Cruz. Pero también existe en numerosos museos y monumentos privados: En el Museo de los Duques de Lerma (antiguo Hospital del Cardenal Tavera o de S. Juan Bautista), en la Catedral Primada, en la Capilla de San José, en el Convento de Santo Domingo de Silos “el Antiguo”, en la Parroquia de Santo Tomé… Aunque se uniesen en un único edificio los fondos de titularidad pública, seguirían dispersos los privados. Pero esa dispersión no es algo negativo, sino que al contrario, es muy positivo. En Madrid, por poner un ejemplo próximo, existe obra del Greco en varios museos, y a nadie se le ha ocurrido centralizarla. Porque la dispersión permite al turista cultural conocer diferentes lugares y diferentes monumentos de la ciudad, lo cual es mucho más enriquecedor para un visitante inquieto culturalmente que una visita en un contenedor único. Y no olvidemos que la dispersión actual beneficia al tejido socioeconómico de la pequeña y mediana empresa de toda la ciudad, que sufrirá un grave desequilibrio si se realiza esta centralización de fondos.
5º) Se ha dicho que el actual Museo del Greco “no reúne las condiciones de un museo moderno”, lo que es otra falsedad. El Museo del Greco tiene un recientísimo plan museológico. Tiene toda su obra digitalizada, tiene un magnífico programa de difusión y actividades culturales, tiene las mejores piezas de su catálogo accesibles vía web, tiene un área de investigación y otra de conservación. Tiene lo que todos los expertos dicen que ha de tener un Museo Nacional.
6º) Se ha dicho que el actual Museo del Greco no tiene visitantes y que por ello conviene reubicarlo. Falso de nuevo. En 2012, el año siguiente al de su reapertura, pasaron por él 175.000 personas, que se complementan con las 300.000 que visitaron del vecino y frontero Museo Nacional de Cultura Hispanojudía y Sefardí. Dos centros que se complementan y que realizan actividades culturales en colaboración (como un reciente curso de verano) aprovechando mejor las infraestructuras y recursos que el Estado pone a su disposición. Algo que se perderá si se cambia de ubicación.
7º) Se ha dicho que el Museo de Santa Cruz debería dejar de ser un lugar de exposiciones temporales y que para ello debe convertirse en un Museo Nacional del Greco. Falso también. La nueva colección permanente del Museo de Santa Cruz fue inaugurada en 2010. Por otro lado, la labor de divulgación y difusión que -en paralelo a la investigación y conservación- realiza cualquier museo digno de tal nombre, no se concibe sin exposiciones temporales. Además hay muchas maneras de dignificar aún más el Museo de Santa Cruz sin tener que instalarle dentro otro museo ajeno. Una de ellas puede ser la reapertura de la ampliación al colindante edificio de Santa Fe, así como la recuperación y reapertura de sus filiales del Taller del Moro y de la Casa de las Cadenas, que se mantuvieron cerrados sin explicación durante el mandato del anterior Director General de Cultura de Castilla-La Mancha, el socialista Luis Martínez; filiales y ampliación que su sucesor, el popular Francisco Javier Morales, a fecha de hoy mantiene cerradas.
8º) Se ha dicho que el actual Museo del Greco carece de centro de documentación. Falso también. Está en fase de reinstalación de fondos y reabrirá en el primer trimestre del presente año. En la propia página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se puede consultar el catálogo de su biblioteca y centro de documentación, que forma parte de la Red de Bibliotecas de Museos Españoles (BIMUS). Pero aunque fuese cierto, la carencia de un centro de documentación no justifica que se cambie de sitio toda la institución de la cual depende.
9º) Hay un problema más: El Estado aceptó definitivamente en 1943 los legados del Marqués de Vega-Inclán, aunque la primera cesión, precisamente la de la Casa-Museo del Greco, se remonta a 1910 (Real Orden de 27 de Abril). Si el compromiso que se firmó era mantener abierta y operativa la Casa-Museo del Greco, su cierre podría suponer que los herederos de D. Benigno denuncien al Estado por incumplimiento y pidan la devolución del edificio y de la colección pictórica original.
10º) Y hay un nuevo incumplimiento: El de la Real Orden de 1844 que obligaba a abrir en cada capital provincial un museo público para albergar las colecciones de Bellas Artes y Arqueológicas de esa provincia. Si se cede el edificio que ahora ocupa (el antiguo Hospital de Santa Cruz de Mendoza) a otro museo (el del Greco), habría de buscarse un nuevo edificio para el Museo Provincial de Toledo. Teniendo en cuenta que el Estado ha invertido treinta y seis años de obras y millones de inversión en el convento de Santa Fe, colindante con el Santa Cruz, con destino a la ampliación del Museo Provincial de Toledo, no creo que el estado de la tesorería del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte permita un nuevo gasto multimillonario (búsqueda de otros edificios, compra, rehabilitación, nuevo plan museológico y nuevo traslado). Y no serviría llevarlo a la actual Casa del Greco, que no tiene capacidad física para albergar los fondos de un museo tan enorme como es el complejo Santa Cruz-Santa Fe. Salvo que lo pretendan sea hacer un pastiche juntando en un solo edificio y una sola institución los fondos de los actuales dos museos.
En todo caso, es una decisión injustificable desde el punto de vista técnico, que ningún historiador del Arte ni profesional del Patrimonio respalda ni comprende, y que ha sido adoptada al margen de los equipos directivos de ambos museos afectados. Pero también es inviable desde el punto de vista económico. Por mucho que la Fundación para el IV Centenario del Greco aporte 50.000 simbólicos euros, o la Diputación aporte otra cantidad, como se ha comprometido. ¿De verdad quieren invertir en museos? ¿De verdad les preocupa la Cultura? Pues gasten ese presupuesto que iban a invertir en cambiar el Museo del Greco en reabrir la ampliación del Museo de Santa Cruz en el antiguo convento de Santa Fe, y en reabrir sus incomprensiblemente cerrados museos filiales de Arte Contemporáneo (Casa de las Cadenas) y de Artes Decorativas Hispanomusulmanas y Mudéjares (Taller del Moro), así como el futuro centro de exposiciones temporales San Felipe Neri.
Durante mi primer mandato como Presidente de la Asociación Profesional ANABAD-CLM organizamos unas Jornadas Técnicas tituladas “Los técnicos y los políticos ¿condenados a entendernos?” en la cual planteábamos que los responsables políticos debían tener una continua comunicación con los técnicos de sus respectivos departamentos para que las instituciones funcionen correctamente. Recordemos que todas las administraciones públicas tienen equipos técnicos formados por funcionarios de carrera que dirán a quien les pregunte lo más correcto (no lo que quieren oír, que para eso ya están los asesores de libre designación). Y recordemos que además hay entidades consultivas externas (como las Reales Academias, Asociaciones y Colegios Profesionales).
El historiador y académico Juan Sánchez Sánchez, actual Director Gerente de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, dijo por aquel entonces “Quien gestiona lo público debe saber que está expuesto al análisis y la crítica del conjunto de la sociedad (…). Personas, instituciones, medios de comunicación, e incluso partidos políticos son descalificados duramente, y a veces represaliados, cuando expresan opiniones que no gustan al Poder de turno. Estas situaciones, propias de dictaduras, desactivan la participación real de sectores de la llamada sociedad civil en la construcción de la sociedad. La participación en Democracia no finaliza el día de las elecciones, sino que ha de ser permanente; y los políticos han de tener una actitud sinceramente abierta a la opinión de los ciudadanos”. Seis años después, es bueno rescatar estas palabras. Confío en que, quien tiene la posibilidad de hacerlo, escuche, reflexione, y que sepa corregir antes de llevar a cabo una catástrofe cultural que además no estamos en disposición de poder costearnos (y menos, después de haber gastado seis millones doscientos mil euros hace año y medio).
Espero sinceramente que el actual equipo político del Ministerio sepa ver la inconveniencia cultural, económica y administrativa de esta propuesta, aunque provenga de políticos afines, y la desestime rotundamente. Reflexionen, por favor. Si toman la decisión adecuada, la ciudadanía -y la posteridad-, se lo agradecerán.
Disponible también en mi sección del blog BiblogTecarios
Campaña de recogida de firmas En Defensa del Museo del Greco
Los abajo firmantes, directores de centros e institutos de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, comprometidos con la investigación, el desarrollo y la innovación en y para la Región, consideramos necesario alertar a los políticos y a la sociedad del retroceso irrecuperable que los recortes presupuestarios impuestos por la crisis van a producir en la investigación y el desarrollo de nuestra región.
Los centros e institutos de Investigación son la representación más genuina del ingente esfuerzo investigador que realizan los profesores de la UCLM para estar al primer nivel nacional e internacional. Gran parte del prestigio acumulado como universidad por la UCLM en estos casi 30 años transcurridos desde su creación se debe al excelente nivel alcanzado en investigación. La sociedad de Castilla-La Mancha reconoce la preparación y cualificación de la mayoría de los profesores de la UCLM y está orgullosa de su Universidad. La mayoría de nuestros conciudadanos comprende y estima la importancia que para el medioambiente, la salud, la educación y el conocimiento de nuestra historia, artes y tradiciones, tiene la investigación que se realiza en la Universidad.
Los institutos y centros de Investigación de la UCLM fueron creados con la intención de mejorar las infraestructuras disponibles para llevar a cabo la labor investigadora propia del profesorado universitario y de facilitar la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad.
Prácticamente todos los investigadores de la UCLM se encuentran vinculados a los institutos y centros de Investigación. La sociedad de Castilla-La Mancha conoce los laboratorios y espacios de trabajo de unos centros, que nos encargamos orgullosamente de mostrar a la sociedad siempre que podemos. Nos consta que los ciudadanos conocen la excelencia de la investigación que se realiza en ellos, porque no pocas veces los medios de comunicación se hacen eco de nuestros logros. Son muchísimos los estudiantes que realizan su trabajo fin de carrera en nuestros institutos y numerosos los que, una vez obtenido su titulo, tienen su primera oportunidad laboral desarrollando los proyectos de investigación que empresas e instituciones nos encargan.
Los investigadores de Castilla-La Mancha, como ciudadanos de nuestra región, compartimos las restricciones que esta dura crisis está imponiendo a las economías particulares, pero no podemos permitir, ni compartir que los recortes lleven a la destrucción de una infraestructura científica y un prestigio reconocido entre la comunidad científica internacional, que nos ha costado muchos años conseguir. Lo contrario sería un despilfarro de los esfuerzos que Castilla-La Mancha ha invertido en este campo en los últimos años.
El grado de Doctor es el mayor nivel académico que se puede conseguir y el único título reconocido sin necesidad de convalidación a nivel internacional. Para realizar el doctorado, que dura aproximadamente cuatro años y al que solamente los mejores alumnos son admitidos a realizar, se necesita disponer de una beca/contrato, que supera en poco el salario mínimo interprofesional. Recientemente, hemos conocido que el personal investigador en formación dependiente del Programa Regional de Potenciación de los Recursos Humanos (becarios predoctorales), no va a poder continuar con su formación una vez que acabe el periodo de beca de 24 meses en noviembre de este año, al que debería seguir (como siempre ha sido) otro periodo de contrato de dos años más. Es decir, vamos a desperdiciar dos años de recursos materiales y educativos dedicados a la formación académica e investigadora de algunos de nuestros jóvenes más brillantes y les vamos a mandar a las listas del paro. ¿Qué preferimos que cobren un menguado salario como investigadores o enviarles a su casa a que con suerte los saquen a trabajar algún mes en los planes de empleo? ¿Vamos a ahorrar algo con esto o, más bien, vamos a desperdiciar un capital intelectual y humano difícil de recuperar? Dado que el coste salarial de estos investigadores no es mayor que el de un contratado por un plan de empleo, ¿no les parece que dar trabajo y formación a las mejores cabezas de nuestra región es emplear los fondos de acción social en algo muy eficaz? Nos preguntamos si en los 23+15 millones de € dedicados a formación ocupacional en los presupuestos del 2012 no se podía atender la situación de estos becarios. Nos gustaría que se ejecutasen los fondos del FSE destinados a formación, que a fecha de 31 de diciembre de 2010 presentaban un grado de ejecución inferior al 2%, ya que al fin y al cabo se trata de formación superior asociada a la investigación.
Tan importante y trascendente como la situación de los becarios, es la situación de los investigadores doctores que se han incorporado a la investigación en nuestros institutos gracias a un programa denominado INCRECYT de la JCCM, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo (FSE). Se trata de doctores, procedentes en buen número de esta Universidad, con una característica común, la excelencia científica. Esta excelencia la han adquirido en centros de investigación internacionales del primer nivel. La mayoría son jóvenes que están sobradamente preparados y disponen de reconocimiento externo e internacional de su valía: premios, publicaciones, becas, distinciones. Pues bien, el programa se encuentra congelado y corremos el peligro, si no se ponen los medios oportunos, de desperdiciar su innegable talento y los fondos empleados en su formación. Por su futuro "no hay que preocuparse", la mayoría de ellos encontrará pronto en el extranjero un lugar para desarrollar sus capacidades y será una oportunidad histórica, una más, perdida en esta región para situarnos, en algo, al nivel de los mejores en el ámbito internacional.
Siendo lo principal la atención, casi humanitaria, a estos genios maltratados por el sistema, no es menos importante el efecto negativo que la reducción de fondos regionales destinados a la investigación va a causar sobre la calidad y cantidad de la misma en Castilla-La Mancha. Los fondos que la Junta ha destinado tradicionalmente a la investigación aunque pueden considerarse escasos con respecto a la media del país y la UE, venían a paliar un problema grave, a saber, el de la consolidación de la investigación en una Universidad joven, todavía en crecimiento. Son muchos los grupos de investigación que alrededor de profesores muy brillantes, pero jóvenes, se están aún creando en la UCLM. Estos grupos, por su juventud, tienen problemas para encontrar financiación en las convocatorias nacionales e internacionales y el apoyo de la Junta les estaba permitiendo consolidarse en el ranking internacional. La mengua de fondos para la investigación, no solamente pondrá en peligro la supervivencia de estos grupos, también la de los centros de investigación que los acogen. Son muchos los fondos regionales y FEDER que se han empleado para incentivar a los grupos incipientes o para consolidar otros más establecidos, para que ahora echemos por tierra el trabajo de muchos años, no recibiendo fondos para el mantenimiento ni de las personas, ni de los instrumentos. Convendría a este respecto aclarar qué se ha hecho y qué se piensa hacer con los Fondos FEDER del OP2007-2013, cuál fue el origen y destino deseable de estos fondos, cómo está siendo su ejecución y cuánto se va a dejar sin utilizar de los mismos. No parece el mejor momento para desperdiciar oportunidades de financiación de la investigación, que no pueden utilizarse para otro fin y para el que el Gobierno regional solamente tendría que hacerse cargo de aportar algo más de un 10% del presupuesto total de dicho programa.
No estamos pidiendo medidas de estímulo a la investigación, pedimos que no se deje hundir la que ya tenemos. No podemos echar por la borda tantos años de trabajo para poner a CLM en el mapa internacional de la investigación. Pueden comprobarlo, nuestros estudiantes son muy bien valorados cuando realizan estancias en el extranjero, de todos sin excepción nos llegan magnificas referencias, tienen un excelente nivel científico y lo que es más importante una enorme capacidad de trabajo, algo estaremos haciendo bien. La sociedad de Castilla-La Mancha es sensible y consciente de que una sociedad sin formación de alto nivel está condenada a seguir en la cola del desarrollo regional en Europa. Ustedes señores políticos son los representantes del pueblo, salgan a la calle y escuchen lo que piensan los ciudadanos de su Universidad y de sus investigadores, después obren en consecuencia.
Tal vez proceda, para concluir, traer a colación la célebre sentencia del profesor D. Santiago Ramón y Cajal "Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia" o esta otra del profesor Severo Ochoa "en principio, la investigación necesita más cabezas que medios". De ambas cosas no andamos tan sobrados en Castilla-La Mancha, como para permitirnos perder ni un ápice de las mismas.
Los directores de centros e institutos de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha
- ANTONIO PEDRO BAYLOS GRAU - Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS )
- ÁNGEL FRANCISCO CARRASCO PERERA -Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha (C.E.S.C.O)
- ANTONIO ROBERTO PIRIZ - Instituto de Investigación Energía y Aplicaciones Industriales
- CRISTINA RECHEA ALBEROLA - Centro de Investigación en Criminología
- EMILIO GÓMEZ LÁZARO - Instituto de Investigación en Energías Renovables (IER)
- ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ - Instituto de Investigación de Combustión y Contaminación Atmosférica (CCA)
- FELIPE BLAS PEDRAZA JIMÉNEZ - Centro Teatro Clásico de Almagro
- FELIX ÁNGEL JALÓN SOTES -Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada
- FELIX PILLET CAPDEPON - Centro de Estudios Territoriales Iberoaméricanos
- FERNANDO LANGA DE LA PUENTE - Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares
- HENAR HERRERO SANZ - Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería
- ISIDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ - Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (CECLM)
- JORGE CASSINELLO ROLDÁN - Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
- JOSÉ ANTONIO SARMIENTO GARCÍA - Centro de Creación Experimental
- JOSE MANUEL JUIZ GÓMEZ - Instituto de investigación en Discapacidades neurológicas (IDINE )
- JOSÉ MANUEL PASTOR GARCÍA - Instituto de Tecnologías Audiovisuales (ITAV)
- JOSÉ MARÍA HERRANZ SANZ - Instituto Botánico
- JOSÉ MARÍA TARJUELO MARTÍN-BENITO - Centro Regional de Estudios del Agua (CREA)
- JOSÉ MARÍA UREÑA FRANCÉS -Instituto Enrique Castillo de Investigación en Ingeniería Civil y Arquitectura
- JOSÉ RAMON ALCALÁ MELLADO - Museo Internacional de Electrografía (MIDE)
- JUAN FRANCISCO LLOPIS BORRAS -Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB)
- JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ ROMERO - Instituto de Tecnología Química y Medioambiental (ITQUIMA)
- JUAN RAMÓN DE PÁRAMO ARGÜELLES - Instituto de Resolución de Conflictos
- JULIO RAMÓN SAN MELGUIZO - Centro de Investigación de la Imagen
- LUIS ALBERTO ARROYO ZAPATERO - Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional
- LUIS MIGUEL PÉREZ CAÑADA - Escuela de Traductores de Toledo
- LUIS OROZCO BARBOSA - Instituto de Investigación en Informática de Albacete (i3A)
- MANUEL DE CASTRO MUÑOZ DE LUCAS - Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM)
- MARIO GERARDO PIATTINI BELTHUIS - Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información (ITSI)
- MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA - Centro Internacional de Estudios Fiscales (CIEF)
- PABLO LEÓN HIGUERAS HIGUERAS - Instituto de Geología Aplicada (IGeA)
- PEDRO CÉSAR CERRILLO TORREMOCHA -Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)
- SANTIAGO CASTAÑO FERNÁNDEZ - Instituto de Desarrollo Regional (IDR)
- SUSANA DE LA SIERRA -Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales
- VICENTE MARTÍNEZ VIZCAINO - Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS)
Continuando mi labor recopilatoria de textos de diferentes autores que defienden a los funcionarios (en lugar de denigrarlos, como es habitual), reproduzco este artículo -que me acaban de enviar por correo electrónico- que escribió hace medio año el profesor Francisco J. Bastida Freijedo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, el cual fue publicado el pasado 15 de Enero en el Diario "La Nueva España". Lamentablemente, sigue de actualidad.
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional.
Comparto públicamente esta interesante reflexión que me ha llegado por correo electrónico. No sé si se ha llegado a publicar en algún periódico. La firma un economista, Mario del Rosal Crespo, que demuestra que el recorte a los funcionarios va a ser mucho peor remedio que la enfermedad que pretende curar. (El título del artículo, evidentemente, es una sátira, dado que serán las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de la Función Pública las que provoquen una pérdida de miles de millones del Producto Interior Bruto).
Según afirman los medios, el último gran plan del gobierno para sacarnos de la crisis es eliminar la paga extra de navidad de los empleados públicos a partir del próximo diciembre. De esta manera, dicen, el Estado logrará ahorrar algo así como 4.000 millones de euros, que tanta falta hacen para alcanzar el tan ansiado y beatífico objetivo de déficit público.
No hay alternativa, dicen, porque cumplir con las exigencias del euro es el único camino. Hay que recortar, dicen, porque, dada la absoluta ineptitud para recaudar más y mejor, la posibilidad de mejorar las cuentas aumentando los ingresos no es factible, y el endeudamiento público debe ser evitado a toda costa. Y hay que bajar los salarios de los empleados públicos, dicen finalmente, porque bastante suerte tienen de no soportar la ominosa amenaza del paro sobre sus cabezas.
Estas tres afirmaciones tienen un pequeño problema: son rotundamente falsas y brutalmente perjudiciales para la clase trabajadora de nuestro país, es decir, para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero no es el objetivo de este breve texto probar las dos primeras, sino comprobar las consecuencias que tendrá la insistencia del gobierno en la tercera.
Hagamos un esfuerzo y olvidemos la profunda injusticia que supone bajar los ya maltratados salarios públicos, cuya capacidad adquisitiva ha estado en caída libre desde bastante antes de la crisis. Olvidemos, también, la ignominia que supone el hecho de que nuestra propia Constitución contemple en su articulado más reciente la preferencia absoluta que el pago de los intereses que los prestamistas (todos ellos privados) cobran al Estado español tiene sobre cualquier otro gasto público, ya sea en sueldos públicos, en servicios como sanidad o educación, o en transferencias como pensiones o paro. Olvidemos, incluso, el efecto demostración que la bajada de salarios públicos tiene sobre los sueldos del sector privado. Centrémonos únicamente en las previsibles consecuencias que esta medida tendrá sobre la economía española en general.
Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Si damos un valor de 100 a los salarios públicos en 2009, vemos cómo esta cifra se redujo en 2010 a 95 gracias al recorte de sueldos del 5% decretado por el gobierno de Zapatero y se mantuvo en el mismo nivel debido a la congelación salarial de 2011. Si el gobierno de Rajoy elimina, como pretende, la paga extra de navidad de los empleados públicos, entonces ese índice se vería reducido en 2012 de 95 a 88, grosso modo, puesto que supondría eliminar una de las catorce pagas anuales que comprenden los emolumentos de estos trabajadores.
Por otro lado, si damos también un valor de 100 a los precios en 2009 y aplicamos la tasa de inflación anual del IPC, las cifras redondeadas serian de 103 en 2010, 105,5 en 2011 y, según las últimas cifras interanuales (mayo), 107,6 en 2012.
Esto significa que, si el gobierno del PP pone en marcha la medida anunciada, la capacidad de compra de los empleados públicos habrá pasado de 100 a 88, mientras que los precios habrán subido de 100 a 107,6, con lo que ¡su poder adquisitivo habrá caído casi un 20% en tres años! Esta cifra, a todas luces espeluznante y que rivaliza con la pérdida sufrida por quienes han quedado en paro y mantienen el cobro de sus prestaciones, no parece justificar la consideración de los trabajadores públicos como privilegiados, precisamente.
Pero no pretendemos saber cómo se las van a apañar aquellos que tuvieron la “suerte” de aprobar una oposición, sino averiguar qué ocurrirá con la economía en su conjunto. Si los trabajadores estatales, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, suman 2,7 millones de personas y la cifra de ocupados en España, según los últimos datos de la EPA, roza los 17,5 millones, entonces los empleados públicos suponen el 15% del total de ocupados. Si estos trabajadores pierden un 20% de su capacidad de compra y suponemos que esto redunda en una caída exactamente proporcional de su consumo, entonces la reducción de la demanda del conjunto total de los consumidores (si consideramos, para simplificar, que son todos aquellos con trabajo) será del 3%. Sabiendo que el porcentaje que el consumo privado supone sobre el PIB total de España es bastante estable y se ha venido manteniendo alrededor del 58% del total en los últimos doce años, esto significa que, por sí sola, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en 2012 respecto de 2009 será responsable de una pérdida potencial equivalente al 1,75% del PIB, es decir, de unos ¡17.500 millones de euros anuales!
Y esta cifra sólo indica el efecto directo, sin tener en cuenta las consecuencias que tendrá en años sucesivos en cuanto a cierres de empresas, aumento de despidos, menores ingresos impositivos, etc, etc.
¿De verdad es razonable provocar una caída del consumo de este calibre en una crisis tan destructiva como la que estamos sufriendo sólo para cumplir con los ignominiosos criterios de convergencia a los que nos obliga la pertenencia al euro? ¿Es así como el gobierno pretende sacarnos de la histórica depresión en la que estamos? ¿De qué han servido todas las medidas restrictivas hasta la fecha; acaso para hacer que la prima de riesgo llegue a máximos históricos, a la salud de los prestamistas privados del Estado español?
Es triste decirlo, pero si el gobierno persiste cerrilmente en estos bárbaros recortes, la economía española acabará colapsándose definitivamente más pronto que tarde y las generaciones más jóvenes de este país se verán aún más penosamente obligadas a huir despavoridas a otras latitudes donde el sentido común no sea el menos común de los sentidos.
Mario del Rosal Crespo. Profesor de economía de bachillerato y doctorando en economía internacional por la UCM.